Claudia Sheinbaum atraviesa un primer año de gobierno marcado por un incremento significativo en el número de personas desaparecidas y no localizadas en México, superando los registros de administraciones anteriores. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de octubre de 2025 se contabilizaron 14 mil 873 casos, lo que representa un aumento del 74.3% respecto al primer año del gobierno anterior.
Incremento de desapariciones en el primer año de mandato
Los datos muestran que de las 14 mil 873 personas desaparecidas durante este periodo, 11 mil 91 son hombres, 3 mil 776 mujeres y seis personas con registro indeterminado. Las entidades con mayor número de casos incluyen Ciudad de México (2 mil 133), Estado de México (2 mil 125), Sinaloa (mil 103), Guanajuato (mil 41) y Michoacán (948), reflejando un panorama preocupante de seguridad en varias regiones del país.
Comparativa con gobiernos anteriores
Durante el primer año del mandato de López Obrador, se registraron 8 mil 533 desapariciones, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra ascendió a 4 mil 473 y en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa apenas se documentaron 821 casos. Los registros evidencian que, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, los números alcanzan un máximo histórico en comparación con los últimos tres sexenios, consolidando un incremento sostenido en la problemática de personas no localizadas.
Distribución de casos por sexo y entidad
La CNB reporta que la mayoría de las víctimas en el primer año de Sheinbaum son hombres, pero la cifra de mujeres desaparecidas también se ha elevado respecto a gobiernos previos. Las entidades con más casos reflejan una concentración en zonas urbanas y estados con alta incidencia delictiva, indicando retos importantes para las autoridades en la prevención y localización de personas.
Retos y acciones de la administración actual
La situación plantea un desafío significativo para la actual administración, que deberá fortalecer la coordinación entre autoridades locales y federales, mejorar los protocolos de búsqueda y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas. Las estadísticas muestran la urgencia de implementar estrategias efectivas de seguridad y protección de la ciudadanía en todo el país.
