La luz verde del Tribunal Supremo de Estados Unidos a la reactivación de redadas migratorias en California ha reavivado temores de perfilamiento racial y discriminación contra comunidades latinas, según advirtió la jueza Sonia Sotomayor en su voto disidente. La magistrada aseguró que:
“No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado”.
El fallo fue aprobado por 5 votos a favor y 4 en contra, reactivando los operativos que habían sido suspendidos el 11 de julio por la jueza Maame E. Frimpong, quien consideró inconstitucional detener a personas basándose en raza, idioma, ubicación o empleo.
Impacto de las redadas migratorias en California
Entre el 6 de junio y el 2 de julio, las redadas migratorias en California dejaron 2,792 arrestos, que disminuyeron a menos de 1,400 a principios de agosto. Tras el fallo del Supremo, las autoridades reportan más de 5,000 detenciones en Los Ángeles, cifras que el Gobierno de Donald Trump utiliza para justificar la continuidad de los operativos federales.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la decisión como una amenaza para las familias latinas, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró que la ciudad no será cómplice de políticas que persiguen a personas por su color de piel o idioma.
Reacciones de organizaciones civiles y expansión de operativos
Organizaciones como ACLU y Human Rights Watch denunciaron que las redadas migratorias en California normalizan el perfilamiento racial y generan miedo en comunidades vulnerables. Además, alertaron que los operativos de ICE socavan la confianza en las instituciones y afectan la convivencia en barrios de mayoría latina.
Estas redadas se han expandido a ciudades como Chicago y Boston, con despliegues masivos en barrios de inmigrantes, mientras Trump ha prometido tomar el control federal de la seguridad pese al rechazo de autoridades locales.