Sin embargo, la iniciativa solo insta a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de bandera y a aplicar las leyes penales y civiles cuando lo consideren apropiado.
Esta nueva orden ejecutiva entra en conflicto con precedentes establecidos por el Tribunal Supremo.
En 1989, la máxima corte del país determinó que prender fuego a la bandera estadounidense constituye una forma de expresión amparada por la Primera Enmienda, la cual protege derechos como la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa y de reunión pacífica.
Este fallo se produjo luego de que, en 1985, el activista Gregory Lee Johnson incendiara una bandera durante una protesta en la Convención Nacional Republicana, como acto de rechazo a las políticas del entonces presidente Ronald Reagan.
No obstante, la orden emitida por Trump sostiene que “la Corte jamás ha afirmado que la profanación de la bandera de EE.UU., realizada de forma que pueda provocar actos ilegales inmediatos o que constituya una incitación a la violencia, esté protegida por la Constitución”.
Trump argumenta que, más allá del derecho a expresarse, la quema de la bandera nacional —a la que describe como “el símbolo más sagrado y valioso” de la nación— puede ser un catalizador de comportamientos delictivos.
El documento presidencial incluye una sección específica en la que se instruye a los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional a que “denieguen, cancelen o revoquen visados, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios, o procedan con la deportación” de inmigrantes que participen en actos de “profanación de la bandera”.
Según Trump, esta medida permitirá poner fin a este tipo de acciones de manera inmediata.
“Es igual que cuando firmé la ley sobre estatuas y monumentos: diez años de prisión. ¿Has visto más ataques a nuestros monumentos? Se acabaron”, declaró el expresidente, haciendo referencia a una orden que firmó durante su primer mandato.
Información de EFE.