En la defensa final del ex presidente Jair Bolsonaro niega acusaciones de Golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Sus abogados argumentaron que no existen pruebas sólidas que vinculen a Bolsonaro con conspiraciones contra las instituciones democráticas de Brasil o que lo señalen como responsable de incitar a otros a actuar en su contra.

La defensa de Bolsonaro niega acusaciones de Golpe de Estado con estos argumentos
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Bolsonaro niega acusaciones de Golpe de Estado y asegura que permitió la transición presidencial, contradiciendo la premisa de frustrarla.
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Los abogados insistieron en que no hay evidencia directa de que Bolsonaro actuara para mantenerse en el poder ilegalmente.
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Se destacó que el ex mandatario cumplió parcialmente las medidas cautelares, aunque violó algunas restricciones al difundir contenido a través de sus hijos legisladores.
Riesgos legales y posibles condenas
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De ser encontrado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 12 años de prisión por intento de golpe de Estado.
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Combinando otros cargos, la pena podría extenderse por décadas, aunque aún tendría derecho a apelar ante el pleno del Supremo Tribunal.
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La defensa final de Jair Bolsonaro será clave para que los cinco jueces determinen su responsabilidad.
Contexto y apoyo internacional
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Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario desde el 5 de agosto de 2025.
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El Tribunal Supremo Electoral ya lo inhabilitó para postularse a cargos hasta 2030.
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El caso ha generado atención global, con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó la acusación como una “caza de brujas”.
Argumentos del Ministerio Público
El fiscal general Paulo Gonet presentó evidencia que incluye:
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Notas manuscritas y archivos digitales.
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Intercambios de mensajes que supuestamente detallan planes contra las instituciones.
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Hojas de cálculo que muestran supuestos intentos de alterar el resultado electoral.
La defensa final de Jair Bolsonaro refuerza su postura de que niega acusaciones de Golpe de Estado, marcando el último paso antes del veredicto de los jueces del Supremo Tribunal. La decisión, esperada para finales de 2025, definirá no solo el futuro legal del ex presidente, sino también el rumbo político de Brasil y la confianza en sus instituciones democráticas.