Al inicio del primer trimestre de 2025, México reportó un saldo récord en su deuda externa, con un monto de 623.3 mil millones de dólares, lo que representa el 34.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra, según el Banco de México, es la más alta en siete trimestres consecutivos y revela un ritmo acelerado de endeudamiento que podría traer repercusiones en la estabilidad financiera del país.
Evolución de la deuda en los últimos trimestres
La posición de deuda externa aumentó en 30.6 mil millones de dólares respecto al cierre de 2024. Este crecimiento se deriva principalmente de transacciones en la cuenta financiera por 20.6 mil millones, además de otras variaciones por 9.9 mil millones. Con esto, el panorama financiero del país muestra señales de presión ante compromisos internacionales crecientes.
Deuda externa del sector público
Durante el primer trimestre de 2025, el sector público acumuló una deuda externa de 341.9 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 8.3% respecto a 2024. Dentro de esta cifra:
- El gobierno general pasó de 204.2 a 224.9 mil millones de dólares.
- Las empresas públicas registraron una deuda de 95 mil millones.
- El Banco Central tuvo un aumento del 1.3%, totalizando 15.1 mil millones.
- La banca de desarrollo, por su parte, tuvo una baja de 11.6%, sumando 6.8 mil millones.
Aumento en la deuda externa del sector privado
El sector privado también mostró un repunte al alcanzar un saldo de 281.4 mil millones de dólares en el primer trimestre, por encima de los 277.2 mil millones registrados al finalizar 2024. Esta tendencia indica que tanto el sector público como el privado están incrementando su participación en el mercado internacional de deuda.
¿Qué implica este nivel de endeudamiento?
Aunque aún se encuentra dentro de parámetros manejables en relación con el PIB, este volumen de deuda externa podría representar un desafío en el mediano plazo, especialmente si se elevan las tasas de interés internacionales o se presenta volatilidad cambiaria. La necesidad de cubrir intereses y amortizaciones limita el margen de maniobra del Estado para invertir en desarrollo e infraestructura.