En una operación llevada a cabo en la madrugada del 25 de marzo, la FGR tomó posesión del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Este lugar ha sido señalado como un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizado para el reclutamiento y entrenamiento de nuevos integrantes.
Rancho Izaguirre y su vinculación con el CJNG
Desde septiembre de 2024, el Rancho Izaguirre estaba bajo la custodia de la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, diversas irregularidades en la investigación estatal, como la falta de análisis de evidencias y la omisión en la identificación de restos humanos, llevaron a que la FGR interviniera para garantizar una investigación exhaustiva y transparente.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México, utilizaba este rancho para reclutar a jóvenes mediante ofertas laborales falsas difundidas en internet. Las víctimas eran llevadas al rancho, donde eran forzadas a unirse al cártel; aquellos que se resistían eran torturados e incluso asesinados. Se han encontrado evidencias de huesos humanos y pertenencias personales en el lugar, lo que ha generado gran preocupación entre colectivos de búsqueda de desaparecidos.
La FGR toma posesión del Rancho Izaguirre para esclarecer los hechos
La reciente detención de José Gregorio ‘N’, alias “El Lastra” o “Comandante Lastra”, líder de una célula del CJNG y encargado del Rancho Izaguirre, fue clave para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera asumir la investigación. “El Lastra” fue detenido en la Ciudad de México y enfrenta cargos por delincuencia organizada.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, destacó en la conferencia matutina de Palacio Nacional la importancia de esta acción:
“Al tener ya una acción de carácter federal, la madrugada del día de hoy la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar”, dijo.
“No habíamos podido tomar posesión porque como bien se sabe se estaba manejando por la Fiscalía local por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad, desde septiembre del año pasado”, puntualizó.
Con la FGR al frente, se espera que las investigaciones en el Rancho Izaguirre sean más rigurosas y transparentes, lo que podría arrojar luz sobre las actividades del CJNG en la región y brindar respuestas a las familias de las víctimas.
Reacciones del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la intervención de la FGR y ha subrayado la importancia de esclarecer los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre. En una reciente declaración, afirmó que su gobierno está comprometido en combatir al crimen organizado y en apoyar a las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia.
“El pueblo de México tiene que saber la verdad de qué hay en ese rancho”, argumentó.
Este respaldo presidencial refuerza la colaboración entre las distintas instancias gubernamentales para enfrentar al CJNG y otras organizaciones criminales que operan en el país.
La importancia de la colaboración interinstitucional
La FGR toma posesión del Rancho Izaguirre y pone de manifiesto la necesidad de una colaboración efectiva entre las autoridades federales y estatales. Las discrepancias y falta de coordinación pueden entorpecer investigaciones cruciales y prolongar el sufrimiento de las familias afectadas.
Es fundamental que las instituciones trabajen de manera conjunta y transparente para desmantelar las redes criminales y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El papel de la sociedad civil y los colectivos de búsqueda
Los colectivos de búsqueda de desaparecidos han desempeñado un rol esencial en la visibilización de casos como el del Rancho Izaguirre. Su labor incansable ha presionado a las autoridades para actuar y ha mantenido viva la esperanza de muchas familias.
La colaboración entre la sociedad civil y las autoridades es vital para enfrentar la crisis de desapariciones y violencia que aqueja al país.
La toma de posesión del Rancho Izaguirre por parte de la FGR representa un avance significativo en la lucha contra el CJNG y en la búsqueda de justicia para las víctimas. Este hecho destaca la importancia de la colaboración interinstitucional y el papel activo de la sociedad civil en la construcción de un México más seguro y justo.