Declaraciones de Omar García Harfuch sobre las Torturas en Teuchitlán
Durante la conferencia matutina del lunes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que, según las declaraciones de “El Lastra”, en el rancho Izaguirre se realizaron torturas a aquellos reclutas que se oponían a los entrenamientos impuestos por el CJNG. Sin embargo, Harfuch fue enfático al descartar que el lugar funcionara como un centro de exterminio.
“De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura”, expresó García Harfuch. A pesar de la gravedad de los testimonios, subrayó que no se han encontrado indicios de un centro de exterminio masivo.
Hallazgos y Operativos en el Rancho Izaguirre
El rancho Izaguirre ha sido objeto de varios operativos de las fuerzas de seguridad. Durante el primer operativo realizado en septiembre de 2024, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se detuvieron a 10 personas y se halló un cuerpo sin vida. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado la existencia de restos humanos adicionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la investigación para esclarecer los hechos y determinar la magnitud de los crímenes cometidos dentro del rancho. “Si ahí hubo personas que perdieron la vida, eso lo tiene que decir la fiscalía”, afirmó Sheinbaum, destacando el compromiso de su administración con la justicia y las víctimas.
Denuncias del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco
El pasado 7 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció públicamente la existencia de hornos clandestinos utilizados para calcinar cuerpos humanos en la región de Teuchitlán. También presentaron pruebas materiales, como prendas de ropa, maletas y objetos personales, que podrían pertenecer a víctimas de reclutamiento forzado.
Estas denuncias han generado preocupación y presiones para que las autoridades agilicen las investigaciones y ofrezcan respuestas contundentes a las familias de las posibles víctimas. La falta de hallazgos confirmados y las declaraciones contradictorias de las autoridades han dejado un clima de incertidumbre y desconfianza en la población.
El caso de las torturas en Teuchitlán plantea desafíos importantes para las autoridades, no solo para esclarecer los hechos, sino también para recuperar la confianza de las víctimas y de la sociedad en general. El seguimiento adecuado y la cooperación entre la Fiscalía General de la República y las fuerzas de seguridad serán clave para evitar la impunidad y prevenir futuros abusos en la región.
La complejidad de la situación y la magnitud de las denuncias exigen un compromiso firme y transparente de las autoridades para alcanzar justicia y reparación del daño. El impacto de estos hechos no solo afecta a las víctimas directas, sino que también envía un mensaje crítico sobre la capacidad del Estado para enfrentar el poder del crimen organizado.