Un tribunal federal de Veracruz exige la eliminación inmediata de la reforma judicial publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando el incumplimiento de una orden judicial previa.
Una jueza federal con sede en Veracruz ha dictado una resolución que obliga a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, a eliminar la publicación del decreto de reforma judicial que fue promulgado el pasado 15 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La orden se emitió con un plazo máximo de 24 horas tras la notificación de la sentencia.
Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, tomó esta decisión como parte de un incidente derivado del amparo 823/2024. En su fallo, determinó que la Presidencia había incumplido una suspensión provisional previamente otorgada, la cual prohibía publicar la reforma judicial aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión en el Diario Oficial de la Federación.
La sentencia emitida por la jueza Juárez Salas subraya que, en caso de que la publicación no sea eliminada, se dará parte al Ministerio Público de la Federación, conforme a la Ley de Amparo. Este marco legal establece que incumplir una orden judicial puede ser constitutivo de delito, lo que añade una dimensión penal al desacato en cuestión.
Es importante recordar que la jueza Juárez Salas había concedido, el pasado 20 de septiembre, una suspensión definitiva que ordenaba la retirada del decreto de reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. A pesar de esta medida, dicha suspensión no fue acatada por el entonces presidente López Obrador, lo que ha provocado que el proceso legal continúe y se hayan dictado nuevas acciones en busca del cumplimiento de la ley.
Este nuevo fallo pone presión sobre el gobierno actual encabezado por Claudia Sheinbaum, quien recientemente asumió la presidencia, para que respete las decisiones judiciales y retire de inmediato la mencionada reforma judicial del DOF. Además, la sentencia representa un importante recordatorio de la independencia del Poder Judicial en México y de la obligación de las autoridades federales de acatar las resoluciones emitidas por los tribunales.
La reforma judicial en cuestión ha sido objeto de controversia desde su aprobación, ya que fue impulsada por la bancada de Morena en el Congreso y ha generado un debate sobre su impacto en la estructura del Poder Judicial. Las críticas señalan que las modificaciones propuestas podrían comprometer la autonomía judicial, mientras que los defensores del decreto aseguran que está diseñado para fortalecer la justicia en México.
El fallo de la jueza Juárez Salas añade un nuevo capítulo a este debate, ya que la intervención judicial busca frenar la implementación de la reforma hasta que se resuelva de manera definitiva su constitucionalidad en el contexto del amparo presentado.
El proceso legal que rodea a esta reforma continuará en los próximos días, mientras las autoridades involucradas están obligadas a cumplir con la sentencia del tribunal. La resolución también representa un mensaje claro de que el Poder Judicial está dispuesto a hacer valer sus decisiones, independientemente de la magnitud de las reformas propuestas o de los actores políticos involucrados.
Por el momento, la atención se centra en las acciones que tomarán tanto la presidencia como el DOF para acatar la resolución judicial en el tiempo establecido.
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