Abogado de Genaro García Luna anuncia impugnación tras sentencia de 38 años
El defensor de Genaro García Luna, César de Castro, informó que apelará la decisión del juez Brian Cogan, quien impuso una sentencia de 38 años y una multa de 2 millones de dólares al exsecretario de Seguridad mexicano, en medio de la controversia sobre su supuesta “doble vida”.
Este miércoles, César de Castro, abogado de Genaro García Luna, anunció que presentará una apelación contra la sentencia de 460 meses de prisión —equivalente a poco más de 38 años— que el juez Brian Cogan dictó contra el exsecretario de Seguridad de México. Además de la sentencia, García Luna deberá pagar una multa de 2 millones de dólares, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte de su defensa legal.
Tras la audiencia en la que se dictó la sentencia, De Castro se dirigió a los medios y calificó el día como crucial para el proceso de apelación que seguirán. Según el abogado, el equipo de defensa ya había presentado mociones que contenían nueva evidencia, pero expresó su desacuerdo con la decisión del juez respecto a este material, el cual será central en la impugnación que planean llevar a cabo en las próximas semanas.
“Este ha sido un día muy importante para nosotros”, afirmó De Castro. “Es un paso necesario en nuestro camino hacia la apelación. Todos estamos al tanto de que presentamos nuevas pruebas y no coincidimos con la determinación del juez Cogan sobre ellas. Esa será una parte clave de nuestra impugnación, la cual presentaremos 14 días después de que la sentencia sea ratificada por la Corte”.
Controversia sobre la “doble vida” de García Luna
Uno de los puntos más polémicos de la sentencia fue la declaración final del juez Cogan, quien afirmó que Genaro García Luna llevaba una “doble vida”. Según el juez, aunque el exfuncionario no era responsable directo de cada muerte causada por el tráfico de drogas, fue uno de los facilitadores más importantes del narcotráfico en México. En particular, Cogan hizo referencia a la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa, destacando que su pensamiento era comparable al del conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“No es el responsable directo de todas las muertes relacionadas con el tráfico de drogas, pero sí fue uno de sus grandes facilitadores”, dijo Cogan en la corte. “Por un lado, tenía una familia muy querida, pero por otro, permitía que esta enorme organización criminal (el Cártel de Sinaloa) siguiera funcionando (…) Su manera de pensar se asemeja mucho a la de ‘El Chapo’”.
En reacción a estas afirmaciones, De Castro rechazó categóricamente la idea de que su cliente viviera una doble vida. Según el abogado, García Luna estaba dedicado al servicio público y no a las actividades ilícitas que se le imputan. “Respetamos profundamente al juez Cogan, pero no estamos de acuerdo con su interpretación de que Genaro García Luna estaba viviendo una vida doble. Él vivió solo una vida, y esa vida estuvo dedicada al servicio público”, sostuvo.
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Asimismo, De Castro aprovechó la oportunidad para insistir en que su cliente no es la persona que los testigos del Cártel de Sinaloa han descrito durante el juicio. Para la defensa, estos testimonios carecen de credibilidad y serán parte de los argumentos que presentarán en su apelación.
Sentencia tras años de proceso judicial
Genaro García Luna, quien se encuentra recluido en una prisión de Brooklyn desde hace casi cinco años, fue sentenciado en Nueva York después de que un jurado lo encontrara culpable en febrero pasado. Los cargos en su contra incluyen narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio ante autoridades de Estados Unidos. Durante el proceso, el exfuncionario fue acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa y de haber facilitado sus operaciones mientras ocupaba altos cargos en el gobierno mexicano.
Con la apelación en puerta, el caso de García Luna continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México, y su desenlace podría tener repercusiones importantes tanto en el ámbito legal como en la percepción pública sobre las relaciones entre las autoridades y el crimen organizado.
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