Quintana Roo
Aprobada reforma constitucional en Quintana Roo para consolidar la Guardia Nacional
El Congreso del Estado de Quintana Roo ha aprobado una reforma constitucional que fortalece a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente y profesional, integrada por personal militar con formación policial.
Nota periodística:
El Congreso de Quintana Roo ha dado luz verde a la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República, la cual establece la consolidación de la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente. Esta modificación permitirá que la Guardia Nacional esté integrada por personas con formación militar y policial, y se vinculará al ámbito de la Defensa Nacional.
Durante la sesión, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), diputado Jorge Sanén Cervantes, subrayó que la reforma tiene como objetivo la profesionalización de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública en el país. Según lo expuesto, se espera que esta reestructuración contribuya a una mayor eficiencia en la labor de las fuerzas de seguridad.
La reforma, que ha sido avalada por el Pleno de la XVIII Legislatura del Estado, define que la Guardia Nacional será responsable de llevar a cabo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en su ámbito de competencia.
En este contexto, el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, afirmó que este cambio representa un avance importante en el sistema de seguridad pública de México. Aseguró que la reforma fortalecerá las instituciones y mejorará la coordinación interinstitucional, lo que podría traducirse en respuestas más efectivas ante los desafíos en materia de seguridad.
Adicionalmente, el Congreso de Quintana Roo aprobó también una reforma federal relacionada con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esta reforma reconoce a estos grupos como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio. Con ello, se busca saldar una deuda histórica en cuanto a la protección de la identidad cultural, los modos de vida, las expresiones espirituales y la biodiversidad que conforman el patrimonio de los pueblos originarios.
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